¿Quién paga impuestos en la economía colaborativa?

29/05/2017

¿Quién paga impuestos en la economía colaborativa?

El título del que partimos es una de las preguntas más formuladas últimamente, en particular por quienes se afanan en buscar argumentos críticos para desmontar las ventajas de la economía colaborativa. Creemos, sin embargo, que equipararla con la economía sumergida resulta bastante injusto porque en la economía colaborativa las posibilidades del fraude no parecen ser mayores que las ya existentes con anterioridad. Podemos aventurarnos y afirmar que en la economía colaborativa pagan impuestos (o deberían hacerlo) los mismos que lo han hecho siempre. Un ejemplo de esta aseveración son los alquileres de viviendas turísticas que han sido y son un importante nicho de fraude, con y sin consumo colaborativo.

En cualquier caso, con la irrupción de la economía colaborativa se han producido cambios estructurales importantes. Muchas premisas que considerábamos claras desde el punto de vista fiscal necesitan ser revisadas. Ahora bien, debemos diferenciar los distintos sectores colaborativos. Así, mientras que la fiscalidad sí que es una sombra que se proyecta de forma persistente sobre el consumo colaborativo o sobre el crowdfunding, en el movimiento maker, la peer production o el conocimiento abierto no se mezclan, para alivio de muchos, las dudas relacionadas con los impuestos.

En el consumo colaborativo es donde la fiscalidad inquieta más a usuarios, plataformas e, incluso, a la Administración Tributaria. Han surgido cuestiones nuevas interesantes. Por ejemplo, muchos usuarios que ofertan servicios, bienes o su tiempo en plataformas colaborativas se preguntan si tienen que darse de alta en Hacienda por haber comenzado a realizar una actividad profesional de cara a algunos impuestos, como el IVA (que grava la prestación de servicios, por ejemplo, de alojamiento) o el IRPF (que grava la renta obtenida). Otros se preguntan si por alquilar de forma puntual un piso a turistas, solamente para cubrir gastos, deben incluir los ingresos obtenidos en la declaración de la renta dudando, además, de cuál debe ser su tratamiento: ¿es un rendimiento de actividad económica o un rendimiento de capital inmobiliario?.

Muchos países han dado una solución a estos enigmas y han establecido cuándo, en el ámbito del consumo colaborativo, estamos con una actividad profesional y cuándo con una actividad particular remunerada. Este es el caso de Ámsterdam donde la cesión de la vivienda por menos de 60 días al año no se considera una actividad profesional. Allí, incluso se ha llegado a un acuerdo con AirBnb para controlar dicho límite de forma que, cuando se superan los 60 días, el anuncio desaparece de su web.

Por su parte, en el ámbito de la Seguridad Social, Francia obliga a cotizar pero solamente es aplicable para quienes ganen más de 23.000 euros por alquilar una vivienda o 7.720 euros por alquilar su coche. E Italia ha creado una tercera categoría para las rentas percibidas por los usuarios que operan a través de plataformas digitales: las “rentas de actividad de economía compartida no profesional”, que deberán ser declaradas en el IRPF. Además, se establecen distintos tipos de gravamen.

Otra duda que surge es quién tiene que pagar impuestos por los servicios anunciados en las plataformas colaborativas.

Para los usuarios oferentes, la interposición de estas plataformas a menudo supone un relajamiento y su actitud ante la fiscalidad cambia ya que se crea la apariencia de un cierto anonimato. A pesar de ello, la Administración Tributaria española termina encontrando vestigios a partir de los que actúa y exige el pago de impuestos.

En otros países, para luchar contra el fraude fiscal, se ha obligado ya a las plataforma colaborativas (especialmente a las de alojamiento) a recaudar las tasas turísticas del país de la ciudad (tasas que deben ser pagadas por los propietarios). Adicionalmente, deben informar a cada usuario con un resumen anual de su situación fiscal, mencionando cómo y cuánto tienen que declarar a las autoridades fiscales. Bélgica, además, ha establecido desde marzo de 2017 que los ingresos proporcionados por los usuarios de plataformas como Airbnb o Uber estarán sometidos a una retención fiscal del 10% del importe bruto devengado, que se carga sobre cada ingreso que haya sido pagado a la plataforma.

Por último, en sectores como el transporte, otro asunto con trascendencia fiscal que necesita una respuesta es el siguiente: ¿cuál es la vinculación entre la plataforma y los usuarios que ofrecen sus servicios, sus bienes o su tiempo? Al respecto es conocido el debate sobre Uber, que se centra en dilucidar si los que ofrecen sus servicios de transporte deben ser considerados como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. En el primer caso, la empresa debería darles de alta en la Seguridad Social y efectuarles las retenciones fiscales pertinentes. En el segundo, debería ser el propio usuario el que debería darse de alta en la Seguridad Social. Por ahora seguiremos expectantes la decisión del Tribunal de la Unión Europea.

Como se ve, existen numerosos enigmas a abordar en el ámbito de la fiscalidad de la economía colaborativa en nuestro país. Para resolverlos es más que recomendable conciliar la obligación de pagar impuestos que atañe a toda la ciudadanía con la de simplificar la vida de quienes operan en este importante sector de la economía. En definitiva, que los impuestos no supongan un obstáculo que frustre las posibilidades de la economía colaborativa como nuevo motor de crecimiento económicos, social y cultural. Esperemos que este equilibrio sea posible.

Mercedes Ruiz Garijo
Profesora y experta en Fiscalidad de la Economía Colaborativa de la Universidad Rey Juan Carlos